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La Estrategia contra el Despilfarro Alimentario contempla 7 ejes de actuación para promover la responsabilidad social y la prevención

Fecha de publicación: 15 de abril de 2019
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El nuevo plan del Gobierno tendrá una vigencia de cuatro años

El plan implica a todas las consejerías y se desarrollará en colaboración con consumidores, hosteleros, centros educativos, la industria agroalimentaria y el sector primario

Santander- 11.04.2019

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de esta semana la Estrategia contra el Despilfarro Alimentario 2019-2022, un documento que supone la puesta en marcha de una serie de medidas transversales y líneas de actuación que pretenden evitar la pérdida de excedentes alimentarios en la región, promover la responsabilidad social de las empresas y desarrollar medidas dirigidas a la prevención.

Estructurado en siete líneas de actuación, el plan supondrá la implicación de todas las consejerías del Ejecutivo autonómico y la colaboración de asociaciones de consumidores, establecimientos hosteleros y hoteleros, empresas de catering, el sector primario, la industria agroalimentaria, organizaciones sociales y centros educativos.

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha destacado la importancia de combatir el despilfarro alimentario que existe y que "todos vemos todos los días", y ha explicado que este plan se enmarca dentro del enfoque integral de la Unión Europea para la utilización eficiente de los recursos.

Tal y como ha explicado, "las pérdidas y el desperdicio de alimentos no solo representan una oportunidad desaprovechada de alimentar a la población, sino que su reducción sería un paso preliminar para combatir el hambre y mejorar el nivel de nutrición de las poblaciones más desfavorecidas".

En su opinión, "es inaceptable que se despilfarren 100 millones de toneladas de alimentos en la Unión Europea, que servirían para dar de comer dos veces a toda la población que tiene escasez de alimentos".

Plan de actuación

Entre las medidas que contempla esta estrategia, destaca la elaboración por parte de todos los departamentos de la Administración de un plan de desarrollo que incluya un cronograma de actuaciones y una memoria económica que deberán elaborar en un plazo de tres meses.

Además, propone la creación del distintivo 'Yo dono' y 'Yo no despilfarro alimentos'; acciones de concienciación de colaborar con las entidades sociales; la promoción de acuerdos entre organizaciones sociales que atienden a la emergencia social y los sectores para facilitar el suministro de excedentes alimentarios; la participación de estas empresas e industrias en la red social de distribución de alimentos excedentarios; la integración de la prevención del despilfarro alimentario en el conjunto de acciones de responsabilidad social corporativa de los diferentes sectores, y la formación de las personas trabajadoras de los sectores para prevenir el despilfarro alimentario.

En cuanto al sector primario, contempla la creación de los distintivos 'Yo no despilfarro alimentos' y 'Este municipio lucha contra el despilfarro' a implantar en empresas y municipios; una red solidaria de distribución de alimentos excedentes, y el apoyo y promoción de los productos de proximidad y la venta directa.

También promueve el desarrollo de canales cortos de comercialización y del consumo de productos locales; la integración de la prevención del despilfarro alimentario en el conjunto de acciones de responsabilidad social corporativa y la formación a trabajadores.

Respecto a la industria agroalimentaria, prevé el impulso de auditorías; la promoción de convenios y colaboraciones para promover trabajos y proyectos que permitan mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de los productos; incorpora el objetivo de reducir y valorizar alimentos desechados en el sector agroindustrial; crear una línea de ayudas para impulsar la reducción y valorización de alimentos desechados; fomentar foros de debate de innovación aplicada; divulgar ejemplos de buenas prácticas, y promocionar acuerdos con sindicatos en materia de prevención.

Las medidas destinadas al sector hostelero se concretan en el impulso de auditorías; el desarrollo de la autoevaluación para medir las pérdidas y el despilfarro; el diagnóstico del nivel de despilfarro alimentario en los restaurantes; análisis y ajuste de raciones alimentarias y normalización de llevarse los excedentes de los establecimientos.

En los centros educativos, la estrategia contempla el desarrollo de campañas de sensibilización, información y divulgación sobre el valor de los alimentos y los productos agrícolas, además de las causas y las consecuencias del despilfarro de alimentos y los modos de reducirlos y del fomento del consumo responsable y la cocina sin desperdicio.

El plan propone, además, la elaboración y difusión de guías de buenas prácticas sobre gestión de alimentos; la creación de un sitio web para promover la responsabilidad social y el debate público; una campaña de equivalencias en CO2/euros del desperdicio de un hogar; sistemas de autoevaluación en hogares y restauración, y la elaboración de mapa/ruta contra el despilfarro alimentario.

En cuanto a las medidas transversales que implican a todas las consejerías del Gobierno de Cantabria, la estrategia propone la creación de una comisión interdisciplinar para la implementación del plan; la definición de los compromisos que las empresas, organizaciones y asociaciones de diferentes eslabones de la cadena alimentaria se comprometan a cumplir de forma voluntaria, y el desarrollo de auditorías en los centros públicos, entidades y empresas del sector público.

También contempla la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de contratación públicas relativas a compras socialmente responsables, de proximidad, de comercio justo, de prevención del despilfarro alimentario, con impacto social y medioambiental.

Igualmente, cláusulas sociales en los servicios de restauración y en los comedores colectivos para la utilización de productos locales y regionales y productos de temporada, y la implantación de un protocolo de prevención y reducción del despilfarro alimentario en las empresas adjudicatarias de contratos públicos.